El alcalde de Soto (La Rioja) y otros ocho acusados admiten un fraude a entidades públicas para obtener ayudas.

24/04/2025

Las partes han acordado una sentencia de conformidad en la que se rebajan las penas por dilaciones indebidas en el proceso

Nueve acusados se han sentado hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial por delitos de prevaricación administrativa, falsedad de certificación y falsedad en documento público en relación a la concesión en 2010 de ayudas públicas en las que se beneficiaron ilícitamente de 95.000 euros.

Entre los acusados está el actual alcalde de Soto de Cameros, el popular Pedro Elías Cristóbal, cuatro concejales, el secretario del Ayuntamiento, dos técnicos, un empresario y una persona que actuaba de testaferro del último. El anterior alcalde del municipio, Miguel Pedro Cuesta, no ha sido enjuiciado por haber fallecido.

El Fiscal ha retirado esta mañana la acusación contra un concejal de Izquierda Unida en el municipio de Soto, por considerar que no tuvo una participación directa en el fraude y que sólo se limitó a votar a favor de las propuestas que el alcalde Miguel Pedro Cuesta planteaba en los plenos del consistorio.

En el inicio del juicio las partes han llegado a un acuerdo con la Fiscalía, que ha rebajado las penas tras aplicar la atenuante de dilaciones indebidas, al haber pasado más de 10 años desde que se abrieran diligencias por los mencionados delitos en 2014.

Condenas

El empresario ha sido condenado a 6 meses de prisión y 3 años de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas por el delito de defraudación a la Administración Pública y a 6 meses de prisión y 4 meses de multa a una cuota diaria de 6 euros por el delito de falsificación de documento público cometido por particular.

El acusado que actuaba como testaferro ha sido condenado a 6 meses de prisión y 3 años de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas por el delito de defraudación a la Administración Pública.

El secretario del Ayuntamiento ha sido condenado a 6 meses de prisión y 3 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Por el delito de prevaricación administrativa ha sido condenado a 4 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y por el delito de falsificación de documento público cometido por funcionario a 14 meses de prisión, 5 meses de multa a una cuota diaria de 6 euros y 2 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Los dos directores técnicos encausados han sido condenados a 4 meses de multa a una cuota diaria de 6 euros cada uno por el delito de falsedad de certificación.

Los cuatro concejales acusados, entre los que se encuentra el actual alcalde de Soto, han sido condenados a 4 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público cada uno por un delito continuado de prevaricación administrativa.

Ambicioso proyecto

Los hechos, según el relato del fiscal, se remontan a 2010, cuando un empresario se pone en contacto con el entonces alcalde de Soto de Cameros, Miguel Pedro Cuesta, y le propone acometer un ambicioso proyecto turístico, comercial, agropecuario e industrial a través de sus empresas.

Para realizar el proyecto ambos acuerdan solicitar ayudas al Gobierno de la Rioja y a la Unión Europea. Y con el fin de que las ayudas cubrieran el cien por cien del coste de las obras, aumentaron de manera ficticia el presupuesto.

Esta idea fue admitida y apoyada por el secretario del Ayuntamiento, que tramitó las ayudas, así como por los dos directores técnicos de las obras, los cinco concejales -incluido el que actualmente es el alcalde del municipio-. Todos ellos participaron activamente en el fraude a pesar de ser conscientes de la diferencia entre el coste real de las obras y el presupuesto que se presentó ante las administraciones públicas para obtener las ayudas.

Nota de Prensa Poder Judicial